El 11 de noviembre de 2024, Argentina fue el único país entre 168 en votar en contra de una resolución de la ONU sobre los derechos indígenas. El presidente Milei se dirigió a la Asamblea General, declarando: “Estamos al final de un ciclo. La agenda 2030 de la ONU, la mentira del cambio climático, lograr el hambre cero y defender los derechos indígenas son parte de un programa socialista y supranacional que Argentina ya no apoyará”, añadiendo que “el colectivismo y la superioridad moral de la agenda woke han chocado con la realidad, sin ofrecer soluciones creíbles a los problemas del mundo”.

La arraigada afinidad de Argentina por el populismo a menudo impulsa posturas políticas extremas, opacando los enfoques matizados que requieren los problemas complejos. Un ejemplo destacado es el conflicto persistente que involucra a las comunidades mapuches en la Patagonia.

Para el gobierno populista de extrema derecha de Javier Milei, estas comunidades no son más que impostoras: marginados sociales que se hacen pasar por indígenas para explotar reclamos de tierras ancestrales y ocupar ilegalmente algunos de los territorios más preciados de Argentina. Frecuentemente catalogados como “terroristas insurgentes” por altos funcionarios del gobierno, estos grupos mapuches, principalmente en las provincias de Neuquén y Río Negro, son objeto de constantes persecuciones y procesos judiciales. En la percepción pública, están en el centro de debates encendidos, sirviendo como chivos expiatorios de un agresivo discurso racista que la administración de Milei apoya abiertamente.

A pesar de su postura ideológica radicalmente diferente, la situación no fue mejor bajo el gobierno peronista anterior, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena de seis años por corrupción en un fraude de $1.000 millones fue ratificada por la La Cámara Federal de Casación. Disfrazando su posición bajo un discurso de derechos humanos, esa administración presentó a estas comunidades como grupos indígenas legítimos que merecían reconocimiento, apoyo y restitución de sus tierras ancestrales. Sin embargo, el tiempo ha revelado que este enfoque fue meramente instrumental: una estrategia política para manipular la opinión pública, utilizando de facto a estas comunidades como peones, aprovechando su situación para asegurar tierras estratégicamente relevantes para la oposición y generar disturbios sociales cuando convenía.

Este vaivén entre narrativas populistas que resalta la polarizada identidad política de Argentina, deja una constante trágica: las comunidades nativas en el centro del conflicto permanecen marginadas. Perpetuamente en los bordes de la sociedad, sus vidas están marcadas por el abandono sistemático y las luchas recurrentes. Mientras tanto, representantes de todo el espectro político encuentran convenientemente un terreno común, logrando consenso entre sus electores mientras aseguran silenciosamente nuevos acuerdos inmobiliarios en el proceso.

In Limbo se centra en las comunidades Paichil-Antriao y Quintriqueo en la provincia de Neuquén, cerca de las orillas del Lago Nahuel Huapi. Organizadas como Lof—clanes basados en parentesco liderados por una figura conocida como el “Logko”—han estado en el corazón de una polémica batalla legal y política con el gobierno de Milei, que las acusó de usurpación de tierras. El conflicto culminó con un fallo judicial a favor de las comunidades, desestimando todas las acusaciones en su contra.

A pesar de estar ubicadas en una de las regiones turísticas más exclusivas de Argentina, los asentamientos mapuches de Paichil-Antriao y Quintriqueo Lof enfrentan una pobreza extrema, sin acceso a atención médica, agua potable ni electricidad. Dispersas cerca de Villa La Angostura y las montañas circundantes, estas comunidades enfrentan conflictos continuos y décadas de abandono institucional. Con las agendas políticas actuales mostrando un interés persecutorio hacia derechos indígenas, es muy probable que la situación empeore, dejando a estas comunidades atrapadas en un limbo social sin una solución a la vista.